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​La historia de un territorio es el ADN de su soberanía. Para comprender la intangibilidad de los límites de San Juan, es preciso despojarse de lecturas simplistas y remontarse al origen del poblamiento humano en esta región. Mucho antes de que existiera el concepto de "provincia", el territorio estaba definido por la ocupación cultural. Los Huarpes, pueblo precolombino de marcada identidad, fueron los dueños y señores de los valles de Tulum, Ullum, Zonda y la precordillera sanjuanina. Su cosmovisión y su organización socioeconómica no eran aleatorias; delimitaban una esfera de influencia clara y diferenciada de los pueblos diaguitas y capayanes que, hacia el norte, ocupaban las tierras que hoy integran la geografía riojana. Esa primera distinción, más allá de lo etnográfico, sentó las bases de un espacio territorial con identidad propia.

​Con la llegada de la colonización española, esta diferenciación geográfica cobró peso jurídico. Cuando Juan Jufré fundó San Juan de la Frontera el 13 de junio de 1562, la Corona Española no estaba trazando líneas caprichosas sobre un mapa en blanco. Estaba estableciendo un centro de poder administrativo dentro del Corregimiento de Cuyo, que inicialmente dependió de la Capitanía General de Chile y, posteriormente, con la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, se integró al ordenamiento rioplatense. Durante siglos, las fronteras coloniales fueron definidas por el ejercicio administrativo: la jurisdicción de San Juan se extendía hasta donde llegaba la autoridad de su Cabildo, sus tributos y su capacidad de ocupación productiva.

​La arquitectura legal de la actual provincia se consolida definitivamente en 1820, año fundamental en la historia argentina. Tras la disolución del gobierno central y la caída del sistema de Directorio, la provincia de Cuyo se fragmentó en las actuales San Juan, Mendoza y San Luis. En ese momento histórico, se aplicó con rigor el principio del Uti possidetis iuris de 1810, una doctrina fundamental en el derecho internacional y nacional que establece que los nuevos estados —y posteriormente las provincias argentinas— conservan los límites que tenían las jurisdicciones coloniales al momento de la independencia. San Juan no nació de la nada; nació heredando una jurisdicción que la historia había perfilado durante más de doscientos años de ocupación continua, gestión de tierras y ejercicio de soberanía.

​A lo largo del siglo XIX y XX, el ordenamiento territorial se fue perfeccionando mediante leyes nacionales y acuerdos interprovinciales que ratificaron lo que la historia ya había dictado.

El proceso se fundamentó inicialmente en la Ley Nacional Nº 17.324 (1967) y fue posteriormente ratificado por la Ley Nº 18.004 (1968), la cual estableció las demarcaciones territoriales vigentes. Asimismo, se subrayó que, conforme a la Constitución Nacional, la potestad de fijar límites entre provincias corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación, inhabilitando a las legislaturas provinciales para realizar modificaciones unilaterales.

Este límite no es una construcción arbitraria, sino que respeta los accidentes orográficos y geográficos naturales que, por consenso técnico y jurídico, marcan la separación administrativa indiscutible. Al ser una ley nacional de carácter obligatorio, cualquier reclamo que pretenda desestimar estos márgenes colisiona con una norma de jerarquía superior que impone el acatamiento de ambos estados provinciales. Por consiguiente, la legalidad de la actual demarcación no es debatible en la arena política, sino que es un hecho jurídico cerrado: los límites están definidos mediante actos administrativos soberanos que dotan de estabilidad institucional a la región, garantizando que la soberanía de San Juan sobre sus territorios sea una realidad blindada por el derecho público nacional.

​El conflicto latente que a veces surge desde posturas riojanas, que pretenden cuestionar ciertos tramos limítrofes, carece de sustento en la realidad jurídica. La Rioja, al intentar avanzar sobre zonas que han sido administradas, pobladas, censadas y desarrolladas por San Juan durante siglos, incurre en un error conceptual de proporciones. No se puede pretender alterar una frontera mediante el uso de documentos antiguos o mapas erróneos que ya fueron superados por el ejercicio práctico de la soberanía. La posesión de la tierra, el asentamiento de poblaciones, la infraestructura desarrollada por el Estado sanjuanino y la tributación fiscal son, ante la ley, hechos consumados que otorgan un derecho irrefutable.

​La posición de San Juan es, en esencia, la defensa del orden constitucional. Cuando La Rioja sugiere o reclama derechos sobre territorios que históricamente han estado bajo la órbita sanjuanina, no solo desconoce la historia del poblamiento huarpe y colonial, sino que atenta contra la estabilidad de las instituciones. San Juan posee la documentación que avala su integridad territorial: desde las mercedes de tierras entregadas por los gobernadores coloniales, los registros parroquiales que daban fe de la jurisdicción, hasta los decretos nacionales que delimitaron las provincias argentinas tras la organización nacional.

​El análisis de los datos es frío, pero contundente. Si analizamos la estructura de los límites, observamos que gran parte de los reclamos riojanos se basan en una interpretación literal y descontextualizada de descripciones geográficas obsoletas del siglo XVIII, ignorando que la ley de creación de las provincias y los sucesivos acuerdos de límites han hecho prevalecer la "posse" —la posesión efectiva y administrativa— por sobre cualquier descripción cartográfica ambigua. Pretender reescribir la frontera es una empresa estéril y, sobre todo, infundada. La Rioja parece olvidar que un límite no es una línea que se traza con una regla sobre un papel, sino un acuerdo de convivencia entre jurisdicciones que han respetado, durante generaciones, una línea divisoria consolidada por la historia y ratificada por la legislación nacional vigente.

​En conclusión, la integridad de San Juan es innegociable porque está cimentada en pilares legales que son inamovibles. La soberanía provincial no es un concepto etéreo; es el resultado de la historia, la ley y la administración. Cualquier intento de La Rioja por desconocer estos límites no solo carece de fuerza jurídica, sino que se estrella contra el muro de la verdad histórica. La provincia de San Juan no se expande ni se contrae según los deseos de sus vecinos; se define por su propia historia y por el derecho que la asiste. Los límites actuales son los correctos, los legales y los definitivos. La historia, desde los huarpes hasta el presente, no miente: San Juan es una unidad inquebrantable, y su territorio es, por derecho propio, un territorio sagrado e inviolable. El debate, si es que alguna vez tuvo sentido técnico, está cerrado por la historia misma.

Por: Dr. César Jofré