​La administración de justicia enfrenta una crisis de legitimidad, tensionada por la instauración de una "sentencia ciudadana anticipada". Hoy, la mayoría de la población dicta un veredicto tras la mera denuncia mediática, mucho antes de que los tribunales analicen la evidencia. Este comportamiento, impulsado por la vorágine informativa, convierte al proceso judicial en un plebiscito emocional donde la presunción de inocencia —piedra angular del Derecho— queda relegada ante la exigencia de una gratificación punitiva inmediata.

El conflicto radica en la disonancia entre los tiempos procesales y la velocidad del escrutinio público. Mientras la sociedad demanda una respuesta instantánea, el sistema judicial requiere un proceso lento y riguroso para transformar hechos en pruebas objetivas. Como advirtió Luigi Ferrajoli, el derecho penal debe actuar como un escudo frente a la irracionalidad. Sin embargo, al ignorar este principio, la sociedad construye un sistema paralelo donde el linchamiento mediático prefigura un fallo que el magistrado, en su deber de objetividad, no puede convalidar sin vulnerar la ley.

Esta dinámica acarrea consecuencias sistémicas graves. El desprestigio judicial se consolida cuando el fallo final, basado en pruebas reales, difiere del relato mediático, siendo interpretado por la opinión pública como impunidad. En este proceso, jueces y abogados defensores se convierten en blancos del escarnio; al abogado se le estigmatiza por cumplir su rol constitucional y al juez se le castiga por no ajustar su sentencia a la voluntad colectiva. Se olvida que el magistrado debe aplicar la ley sobre la base de hechos, no sobre percepciones o deseos de venganza.

​La libertad debe ser siempre la norma y la prisión la excepción; sin embargo, el sistema judicial actual a menudo desvirtúa este principio al convertir la prisión preventiva en una herramienta de uso recurrente antes de que exista una condena firme. Esta práctica genera una injusticia inaceptable cuando personas pasan años privadas de su libertad para luego ser absueltas, obligando a una reflexión profunda sobre la necesidad de ajustar las medidas cautelares al nivel real de las pruebas acumuladas en cada proceso. Es imperativo que la justicia transite hacia un criterio donde, ante un cúmulo de pruebas sólido, se apliquen las medidas necesarias, pero que en casos con indicios débiles o denuncias sin sustento suficiente, se prioricen esquemas intermedios, evitando la criminalización anticipada y garantizando un proceso que, más allá de la gravedad del delito imputado, respete estrictamente el equilibrio entre la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Siguiendo a Michel Foucault, el castigo ha dejado de ser un espectáculo físico para convertirse en uno discursivo en redes sociales, donde la narrativa se impone a la evidencia. El ciudadano promedio confía en el informe periodístico como verdad revelada, ignorando que la prensa busca el impacto, mientras que el tribunal busca la verdad procesal. Esta justicia "impopular" es, de hecho, el último refugio de la democracia. Si el sistema cediera ante cada presión social, dejaría de ser un poder independiente para transformarse en un ejecutor de voluntades momentáneas, dejando a todos los ciudadanos en un estado de vulnerabilidad jurídica absoluta.

​En conclusión, la seguridad ciudadana es una demanda legítima, pero no debe confundirse con la justicia penal. La calidad democrática se mide por la capacidad de proteger los derechos individuales incluso cuando el clamor exige lo contrario. La legitimidad del Poder Judicial no se recupera satisfaciendo a las mayorías, sino comunicando con transparencia la complejidad del Derecho y manteniendo inalterable su compromiso con la evidencia. El camino profesional es claro: la justicia debe dejar de mirar las encuestas para volver a mirar el expediente.

Por: Dr. César Jofré