La vocación por el derecho penal no es un oficio que se elija al azar; es un llamado que se abraza desde el primer día en que se camina por los pasillos de la facultad. Quienes tuvimos el privilegio de formarnos bajo la tutela de titanes de la talla de Cafératta Nores, Jorge Clariá Olmedo, Roger o Montero, y de respirar el aire de una Córdoba considerada con justa razón la cuna del derecho, aprendimos que la justicia es, ante todo, un arte supremo. Es, como bien lo definió Celso y lo repitieron los romanos, el arte de lo bueno y lo equitativo (ars boni et aequi). No solo genera desencanto, sino un profundo dolor republicano ante la praxis judicial contemporánea.

​Es inadmisible que un fiscal, investido con la representación del interés público, monte un circo mediático y se preste a un acting coreografiado ante las cámaras, priorizando la confrontación con el periodismo por encima del rigor técnico y la sensibilidad humana. Enfadarse en conferencias de prensa y buscar el aplauso fácil mediante gestos efectistas —como condecorar a un can— mientras una familia y un pueblo entero lloran la pérdida irreparable de una criatura de tan solo 16 años, es una afrenta a la memoria de la víctima y una burla al dolor colectivo. La espectacularización de la investigación penal, como la que hoy encarna el fiscal Garzón, es el síntoma inequívoco de una justicia desvirtuada, más preocupada por el impacto en el rating que por el descubrimiento de la verdad.

El análisis de esta praxis de lujo revela un peligroso quiebre en los pilares fundamentales del debido proceso. Quienes conocen la doctrina saben perfectamente que, ante la sospecha de un delito complejo como la trata de personas, la premisa técnica dictada por los expertos es clara: primero se debe sospechar de todos y detener a los involucrados, pues siempre habrá tiempo para liberar o pedir disculpas si la inocencia se demuestra. Sin embargo, cuando la policía no actúa con celeridad y los resortes institucionales fallan, el daño se vuelve irreversible. No se pueden pedir disculpas hoy a una criatura que ya no está entre nosotros.

Esta inoperancia no solo destruye vidas, sino que tiene el potencial latente de desatar el caos en toda una provincia. La historia argentina es un testimonio persistente de cómo un hecho policial, deficientemente gestionado y enturbiado por la impericia, es capaz de voltear a un gobierno. Los ecos trágicos de casos que marcaron a fuego el tejido social del país —como María Soledad Morales en Catamarca, Kosteki y Santillán en Buenos Aires, Fuentealba en Neuquén, el crimen de la dársela en Santiago del Estero o los sucesos en Chaco que sepultaron carreras políticas— demuestran que la paz social pende del hilo de la credibilidad judicial. El silencio cómplice o la inacción del Ministerio de Gobierno ante desatinos de tal magnitud solo profundiza la fosa. Un Estado no puede sostenerse cuando sus funcionarios parecen más orientados a la preservación del poder que al cumplimiento estricto de sus deberes.

Mirar los libros que habitan en la biblioteca y rememorar aquellas épocas en Córdoba, la Docta, donde las mentes más brillantes dictaban cátedras magistrales en aulas magnas colmadas, obliga a una profunda reflexión. El derecho no puede ser un escenario para el lucimiento personal ni una herramienta de distracción política. Cuando la cuna del derecho engendra procederes tan alejados de la rigurosidad científica y de la empatía humana, el veredicto de la historia es implacable. Para que la balanza recupere su equilibrio, es imperativo desterrar el espectáculo de los tribunales y devolverle a la función judicial la gravedad, el respeto y el decoro que jamás debió perder. Si seguimos de esta manera la frase final de decir que "se hará justicia" pasará a decir "no se hará justicia".

Por: Dr. César Jofré