La estabilidad territorial es el cimiento sobre el cual se construyen los Estados provinciales. Cuando esa estabilidad se altera mediante reclamos extemporáneos y carentes de sustento jurídico, la política claudica ante el espectáculo. La reciente ofensiva discursiva del Gobierno de La Rioja, que pretende poner en tela de juicio los límites interprovinciales con San Juan bajo la excusa de que el tema Vicuña está en discusión, no representa un diferendo geográfico real: representa una búsqueda de notoriedad tan temeraria como infundada. Introducir incertidumbre jurídica sobre áreas consolidadas —ligadas estratégicamente al desarrollo minero y ambiental, como la periferia de la Reserva de Biosfera San Guillermo y las cuencas altas del Valle del Cura— es una irresponsabilidad institucional. La delimitación entre ambas jurisdicciones no es una página en blanco sujeta a las necesidades de la agenda mediática de turno; está sellada por la historia, la geodesia y el derecho administrativo.

Ante este escenario, la administración del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, ha plantado una bandera de racionalidad y firmeza institucional. La gestión de Orrego no ha caído en la trampa de la confrontación estéril, sino que ha respondido con el peso de la ley y el catastro minero. Para el Gobierno de San Juan, la seguridad jurídica no es negociable, especialmente en un momento donde la provincia se consolida como el destino más atractivo del país para las inversiones mineras internacionales. El planteamiento riojano adolece de un vicio de origen absoluto. Los límites entre San Juan y La Rioja han sido definidos a través de antecedentes históricos definitivos que se remontan a los decretos de la organización nacional y las sucesivas demarcaciones del Instituto Geográfico Nacional (IGN), basados en el criterio técnico del *divortium aquarum* (la divisoria de aguas) y las líneas de las más altas cumbres en el ámbito de la cordillera y precordillera. San Juan ha ejercido el poder de policía, la inversión en infraestructura de control ambiental a través de sus cuerpos de guardaparques y, de manera fundamental, la concesión, fiscalización y el control de los proyectos mineros en la zona de forma ininterrumpida, pacífica y soberana.

La arremetida de La Rioja ocurre justo cuando la gestión de Marcelo Orrego exhibe una política minera agresiva y exitosa, destinada a destrabar los grandes proyectos de cobre y oro como Josemaría, Los Azules y El Pachón, y sosteniendo operaciones de clase mundial como Veladero. El contraste es total: mientras el gobernador Orrego viaja al exterior a captar capitales garantizando reglas de juego claras, estabilidad fiscal y un modelo de minería sustentable con licencia social, el gobierno vecino intenta manotear soberanía sobre zonas que jamás administró, motivado por el brillo del desarrollo minero sanjuanino y la necesidad de tapar sus propias crisis financieras internas. Reabrir un debate de esta naturaleza sin una sola pericia técnica que demuestre un error cartográfico constituye un sinsentido jurídico que vulnera el principio de preclusión administrativa y atenta contra las certezas que exige el capital minero global para hundir miles de millones de dólares en la cordillera.

Resulta profundamente paradójico que, para argumentar esta supuesta disputa territorial, el gobierno riojano apele a una identidad regional que históricamente nos une en lugar de separarnos. La historia de esta geografía no se forjó en los despachos ministeriales que hoy buscan el conflicto, sino en las montoneras que defendían el federalismo genuino. La Rioja es la tierra de Ángel Vicente "El Chacho" Peñaloza y de Juan Facundo Quiroga, el "Tigre de los Llanos". Figuras que, lejos de fragmentar el mapa andino con litigios de baja política, entendían la región como un bloque indisoluble frente al centralismo. Pensar que el "Chacho" o Quiroga —quien mantuvo fluidos vínculos políticos, comerciales y militares con el San Juan del siglo XIX— hubieran convalidado la distracción de recursos públicos en una disputa vecinal por los límites del sector de Vicuña para rascar un titular de diario es desconocer la escala de sus legados. Aquellos caudillos peleaban por el desarrollo del interior y el respeto a las autonomías; el planteo riojano actual, en cambio, parece envidiar el éxito del modelo minero de San Juan y la tracción económica que Orrego le ha impreso a la provincia.

La utilización de Vicuña como punta de lanza para el reclamo es una falacia técnica y una manipulación de la agenda fronteriza. El trasfondo real es la minería y el posicionamiento geopolítico: La Rioja, que ha caído en una política errática y de bloqueo respecto a la actividad minera en su propio territorio, observa ahora con desesperación cómo la administración de Marcelo Orrego avanza a paso firme hacia la era del cobre, transformando la cordillera en un polo industrial de exportación. Intentar disputar el límite aduciendo que Vicuña está bajo una supuesta discusión no es un acto de proteccionismo ni de revisión histórica válida; es un intento burdo de sentarse a negociar una tajada de un desarrollo ajeno que San Juan construyó a lo largo de décadas de inversión, exploración y seriedad institucional.

La postura de La Rioja respecto al diferendo limítrofe carece del rigor técnico e histórico indispensable para ser considerada una controversia de Estado seria. Es una pirotecnia discursiva que busca notoriedad en un contexto donde la gestión interna vecina exige respuestas complejas. El Gobierno de San Juan, bajo el liderazgo de Marcelo Orrego, ha respondido con la sobriedad que le confiere el derecho y la realidad efectiva: exhibiendo los títulos, la cartografía oficial de la Nación y el control real de la actividad minera y ambiental sobre cada metro cuadrado de su suelo. El federalismo del siglo XXI no se construye resucitando fantasmas geográficos inexistentes para manotear los recursos del vecino, sino respetando la ley, atrayendo inversiones con seriedad y honrando la memoria de aquellos caudillos que nos legaron una región unida, no un mapa roto por el oportunismo político.

Por: Dr. César Jofré