En los últimos veinte años la historia argentina quedó marcada por jornadas de tensiones sociales, movilizaciones masivas y episodios de saqueos que se volvieron casi rituales en los cierres de año. La memoria colectiva aún conserva el recuerdo de diciembre de 2001, cuando el país vivió un estallido social que culminó en violencia, represión y la renuncia presidencial, un hito que quedó grabado como advertencia de lo que sucede cuando la economía y la política pierden sintonía con la sociedad. 

Sin embargo, en 2025 y ya entrando en 2026, Argentina transita sus fines de año sin el fantasma de revueltas en hipermercados o supermercados reforzados por fuerzas de seguridad. Esa ausencia, en sí misma, es noticia: por primera vez en mucho tiempo no se requiere un despliegue masivo de policías custodiando góndolas o cortando calles ante amenazas de saqueos, un signo que no debe subestimarse. El poeta T.S. Eliot escribió que “en medio del invierno aprendí por fin que había en mí un verano invencible”; quizás esa frase resuene hoy en quienes buscan interpretar este cambio de clima social.

El contexto económico ayuda a comprender este paisaje. Tras años de inflación desbocada y desequilibrios crónicos, el país aprobó un presupuesto que proyecta crecimiento y una inflación moderada, algo insólito en las últimas décadas. 

El llamado por parte del Poder Ejecutivo a un “año de reconstrucción” refleja un esfuerzo deliberado por revertir ciclos de crisis, con políticas que han demostrado cierta eficacia para estabilizar variables macroeconómicas y permitir que el consumo y el empleo reaccionen. 

Pero hablar de paz social no es ignorar que las tensiones no han desaparecido. Las protestas por reclamos específicos —como los de jubilados o sindicatos que cuestionan políticas de austeridad— han sido frecuentes, aunque sin escalar en crisis de grandes proporciones o convertise en saqueos masivos. Estos episodios recuerdan que la estabilidad es un equilibrio frágil, en el que la ciudadanía y sus organizaciones siguen exigiendo respuestas claras. Más aún: casi la mitad de los argentinos aún siente que no llega a fin de mes y no puede ahorrar, lo que pronostica que la paz social no es equivalente a bienestar pleno. 

En este escenario, la experiencia de la provincia de San Juan se vuelve parte de la narrativa nacional, aunque en un doble plano. A nivel local, la gobernabilidad ha estado marcada por un ejercicio político que priorizó diálogo con los sectores productivos y fortalecimiento de la economía regional, lo que contribuyó a una menor conflictividad social. El gobernador Marcelo Orrego se convirtió en un actor clave en este proceso de consolidación, articulando políticas públicas que atenuaron tensiones socioeconómicas tradicionales en la provincia y fortalecieron la percepción de estabilidad. Esta realidad local, armonizada con el contexto nacional, ofrece un ejemplo de que la paz social es también producto de decisiones políticas coherentes y de largo plazo.

La Argentina de hoy no es una Argentina sin problemas. La pobreza, aunque con señales de reducción en algunos segmentos, sigue siendo un desafío estructural; las desigualdades y el estrés económico persisten y la ciudadanía exige mayor correlato entre derechos sociales y políticas públicas. Aun así, el simple hecho de que las tensiones no se traduzcan en violencia o saqueos masivos en la calle representa un avance significativo en un país donde la protesta social fue, durante décadas, un termómetro incesante de crisis.

Como decía Albert Camus, “la verdadera generosidad hacia el futuro consiste en darlo todo al presente”. Esta paz que hoy se siente, aunque sutil y vulnerable, debe ser entendida como un capital social y político que no puede darse por sentado. Construir sobre ella implica no solo administrar la calma, sino profundizar políticas que garanticen inclusión, oportunidades y equidad social. La paz, en ese sentido, es apenas el primer paso de una caminata más exigente.

Por: Dr. César Jofré