La tragedia que se desató en Argentina tras la administración de fentanilo contaminado por bacterias multirresistentes es una afrenta intolerable a la dignidad humana y un reflejo alarmante de la debilidad institucional. Lo ocurrido, evidenciado por los recientes informes —como los publicados esta semana en El País y The Guardian— revela que al menos 76 personas murieron tras recibir dosis contaminadas del potente opioide.

Este desastre no fue obra del azar, sino el resultado de la imperdonable negligencia de una firma farmacéutica: HLB Pharma y su socio Laboratorio Ramallo. Ambas firmas, propiedad del empresario Ariel García Furfaro —en partes vinculadas hace años al kirchnerismo— fueron responsables de distribuir más de 300.000 ampollas contaminadas a hospitales y centros de salud. La Justicia tiene bajo la lupa a 24 personas y ha ordenado inhibiciones, embargos y prohibiciones de salida del país.

Este es un episodio monstruoso que no solo encarna una crisis sanitaria colosal, sino también el modus operandi de un sistema que mezcla negocios, poder político y retórica populista. No se trata solo de muertes: se trata de impunidad disfrazada de discurso moralista, de una clase gobernante que supo imponer sus prioridades económicas por sobre la salud pública.

El filósofo José Ortega y Gasset nos dijo que “la verdad no basta: hay que vivirla”. Pues bien: en este caso, la verdad apareció tardíamente, a fuerza de cadáveres. Varios meses después del primer brote en abril pasado, cuando aún se podía evitar la catástrofe, los controles brillaron por su ausencia. La ANMAT había sancionado previamente a la firma por falsificación de etiquetas y fallas en la trazabilidad, y aun así permitió que esa red productiva continuara operando.

Hoy, el reclamo de justicia se vuelve urgente. La Justicia federal de La Plata, bajo la conducción del juez Ernesto Kreplak, lleva adelante una investigación que ya arrojó medidas judiciales significativas. Incluso el Ministerio de Salud se sumó como querellante, en una señal de que el Estado no puede seguir siendo espectador pasivo ante esta carnicería institucional.

Es hora de preguntarse cómo llegó una firma como HLB Pharma a tener tanto poder, acumular sanciones y seguir operando impunemente. ¿Quién ampara esa negligencia? ¿Qué pacto silencioso permite que la combinación de ideología y negocios se imponga por sobre la vida de millones?

Frente a la injusticia, recordemos al escritor Albert Camus: “La verdadera generosidad hacia el futuro consiste en entregarlo todo al presente”. Este editorial exige que hoy nos entreguemos al presente sin tolerancia: que las sanciones sean proporcionales al sufrimiento causado, que se repare a las familias, que se fortalezcan los controles sanitarios y que ningún vínculo político vuelva a hacerse fuerte a costa de vidas inocentes.

La política no puede intoxicar la salud pública. El Estado debe ser garante irrestricto de la vida, no cómplice de sus homicidas circunstanciales. No podemos permitir que se disuelva el contrato social: la sangre derramada exige respuestas, castigos y reformas. El fentanilo dejó de ser una droga para convertirse en símbolo de una falla sistémica. Que esta sea la última vez que pagamos con muertos por la negligencia de pocos y la inacción de muchos.

A vos, a mí, a toda la sociedad: nadie puede mirar hacia otro lado. Es momento de exigir que la justicia actúe con la racionalidad que la vida merece, sin impunidad, sin excusas políticas, sin falacias retóricas.

Por: Dr. César Jofré