El papelón republicano: la imagen de una política de espalda al pueblo

Hay imágenes que sintetizan la decadencia de una época y condensan, en un solo encuadre, el abismo entre la clase política y las urgencias de una sociedad empobrecida. La fotografía de legisladores sosteniendo pancartas con la consigna «Cristina Libre» desde sus bancas en la Cámara de Diputados es una de ellas. Resulta de una gravedad institucional inusitada que quienes ostentan la responsabilidad republicana de redactar y hacer cumplir las leyes del país conviertan el recinto legislativo en un tribunal de desobediencia civil frente a las resoluciones del Poder Judicial. Como bien advertía el filósofo político Montesquieu en El espíritu de las leyes, la libertad republicana perece en el instante preciso en que el poder legislativo pretende avasallar o desacreditar la independencia de los jueces. En esa estampa parlamentaria, la división de poderes queda degradada a un mero estorbo decorativo.

​El cartel impreso no es una defensa de la justicia, sino su negación explícita. Lo que esos legisladores demandan no es ecuanimidad procesal ni debido proceso, sino un privilegio estamental que sitúe a la conducción política por encima de la Constitución Nacional. Desde la perspectiva teórica, este fenómeno evidencia el estadio terminal de una matriz ideológica: el kirchnerismo ha mutado de proyecto hegemonizante a secta corporativa defensiva. Hannah Arendt explicaba cómo la degradación de la política ocurre cuando el debate de ideas es reemplazado por la lealtad dogmática hacia el líder supremo. Sin propuesta económica para el siglo XXI, sin modelo productivo y sin candidatos capaces de enamorar a un electorado exhausto, el movimiento reduce su existencia a la protección de su figura tutelar, exhibiendo una total vaciedad estratégica.

​La escena adquiere matices aún más alarmantes cuando se examina la representación provincial. Ver a los diputados sanjuaninos Jorge Chica y Cristian Andino posar tras esos letreros de impronta facciosa devela una alarmante subordinación de las necesidades de su provincia al mandato de la cúpula porteña. En lugar de utilizar su banca para articular proyectos de desarrollo regional o mitigar la crisis socioeconómica que golpea a sus votantes, eligen actuar como aplaudidores de una causa penal ajena al interés colectivo. Esta alineación a ciegas se da en el marco de un peronismo provincial fragmentado, donde la contienda interna por las candidaturas locales expone una profunda desorientación, matizada apenas por la pretensión hegemónica de un Sergio Uñac que insiste en construirse como el único y excluyente líder del espacio.

​Esta desconexión con la realidad resulta intolerable al ser contrastada con el momento social que atraviesa la Argentina. La ciudadanía se encuentra inmersa en una sacrificada encrucijada histórica: experimenta en carne propia el severo impacto del ajuste económico, el deterioro del poder adquisitivo y el costo social de las medidas del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, una porción mayoritaria de la sociedad tolera y asume este enorme esfuerzo diario no por devoción ciega al presente, sino por una determinación visceral: la certeza de que cualquier penuria es preferible a la resignación de retornar al modelo de corrupción, inflación sistémica y degradación institucional que representó el kirchnerismo. El cansancio de la gente no es indiferencia; es el rechazo categórico a un pasado que pretendía eternizarse impune.

Albert Camus sostenía en El hombre rebelde que el nihilismo político comienza cuando las palabras pierden su significado y la lealtad partidaria exige la renuncia a la verdad objetiva. Del mismo modo, Jorge Luis Borges vislumbraba con amargura cómo el fanatismo ciega la lucidez crítica de los pueblos. Los legisladores que alzan esos carteles pretenden ignorar que la justicia en democracia no se juzga según la conveniencia del partido, sino según la prueba y el derecho. Exigir la impunidad desde una banca legislativa no es un acto de rebeldía popular, sino una provocación contra cada ciudadano que cumple la ley, paga sus impuestos y respeta las normas de convivencia democrática.

​En última instancia, el eslogan «Cristina Libre» expone la victoria del privilegio sobre el principio de igualdad ante la ley. No denota fortaleza política, sino la desesperación de un movimiento que se sabe exhausto, acorralado por las evidencias procesales e incapaz de ofrecer un futuro viable al país. Mientras el Congreso deba ser el templo de la representación democrática y el debate constructivo, esos carteles permanecerán en la memoria colectiva como el símbolo de una casta que prefirió defender la impunidad de su jefa antes que escuchar el dolor, el hambre y la dignidad del pueblo argentino.

INFO DELIVERY