El doctor Mario Arancibia, especialista en Derecho Laboral, realizó un extenso análisis técnico sobre el proyecto de reforma laboral que propone el Gobierno nacional. En su evaluación, consideró que se trata de una iniciativa "ambiciosa" que apunta a modernizar el sistema de relaciones laborales, adaptándolo a las nuevas condiciones productivas del país. "El corazón del proyecto es vincular los salarios con la productividad", afirmó, marcando que la legislación actual "no favorece ni los salarios dignos ni la renta empresaria".
Arancibia destacó que la actual estructura normativa es una "manta corta", que necesita ser adaptada para equilibrar los intereses de trabajadores y empresarios. "Sin renta empresaria no hay justicia social. Es imposible pagar buenos salarios y ofrecer condiciones dignas si no tenemos empresas exitosas", sostuvo.
Salarios y productividad: el eje central
Para el abogado, la propuesta del Ejecutivo retoma un concepto histórico: la vinculación entre el salario y la productividad. Recordó que ya en 1955, durante el Congreso de la Productividad impulsado por Juan Domingo Perón, se buscaba establecer esa relación directa entre el rendimiento económico y los ingresos de los trabajadores.
"Los salarios no pueden fijarse solo por la voluntad de los actores paritarios o de lo que se negocia en Buenos Aires. Deben estar vinculados a la productividad real de cada empresa o región", explicó.
En ese sentido, planteó que la reforma podría significar una oportunidad inédita para los sindicatos y las empresas: "Esto permitiría que los trabajadores accedan a la contabilidad de las empresas, que puedan discutir los salarios con base en datos concretos. Así, el bienestar del empleado estaría directamente vinculado al éxito de la empresa".
Descentralización de las negociaciones
Uno de los puntos más innovadores del proyecto, según Arancibia, es la posibilidad de descentralizar las discusiones paritarias. "Sería fantástico que los acuerdos salariales se discutan en las provincias, en las empresas, y no exclusivamente en el Ministerio de Trabajo de la Nación con gremialistas de Buenos Aires. La productividad no es la misma en una mercería de Villa Krause que en el Híper Libertad", señaló.
El abogado subrayó que este esquema daría mayor autonomía a los sindicatos de base y restaría poder a las grandes estructuras gremiales concentradas en la Capital Federal. "Cada provincia y cada sector deberían poder discutir sus condiciones laborales según sus realidades productivas y sociales", agregó.
Reforma, flexibilidad y dignidad laboral
Arancibia fue categórico al aclarar que la reforma no implica un retroceso en los derechos laborales, sino una actualización necesaria. "No vamos a volver a un régimen de esclavitud. Eso es una lectura equivocada del proyecto. Lo que se busca es revisar las reglas sin violentar los pisos mínimos de dignidad laboral", sostuvo.
En cuanto a la flexibilización del mercado laboral, el abogado explicó que facilitar la entrada y salida del sistema no significa eliminar derechos: "No se suprime la indemnización, sino que se habilita la posibilidad de que las partes acuerden otros mecanismos, como un fondo de cese laboral similar al de la construcción. En ese esquema, el trabajador que renuncia podría llevarse lo acumulado".
Además, consideró que la litigiosidad laboral no desaparecerá, pero sí podría reducirse con una legislación más clara y con un esquema que incentive el cumplimiento voluntario: "Las empresas no deberían contemplar en su estructura la necesidad de tener un presupuesto para pagar juicios. Eso es lo que debe cambiar".
El rol del Estado y la autonomía de las partes
Arancibia remarcó que el proyecto no elimina el rol del Estado, sino que lo redefine. "El Estado sigue siendo indispensable, pero debe ser más eficiente y chico. No se lo retira del ámbito laboral, sino que se le da más autonomía a los actores paritarios: empresarios y sindicatos", indicó.
Un enfoque regional y competitivo
El abogado también subrayó que Argentina debe mirar lo que ocurre en la región para definir su modelo laboral. "Si queremos salarios dignos, debemos competir con los países vecinos y con el mundo. Nuestras empresas tienen que ser competitivas y eso requiere una legislación laboral moderna y flexible", expresó.
Comparó la situación argentina con la evolución de Chile en las últimas décadas: "Hace 40 años los chilenos venían a trabajar a la Argentina; hoy sucede lo contrario. Ellos reformaron su sistema, atrajeron inversiones y generaron empleo. Nosotros debemos aprender de esos procesos sin copiar mecánicamente sus modelos".
La informalidad como desafío central
Finalmente, Arancibia advirtió que el país tiene más de la mitad de su población económicamente activa fuera del sistema formal. "Durante años se intentó combatir la informalidad con multas, pero eso solo generó más juicios y la desaparición de muchas pymes. La Argentina no genera empleo formal privado desde 2011", analizó.
Agregó que: "no se trata de precarizar, sino de incluir. Si no cambiamos la legislación, vamos a seguir teniendo una economía que deja afuera a los jóvenes", enfatizó.
Un llamado a debatir sin dogmas
En su cierre, Arancibia pidió que el debate se dé "sin miedos ni prejuicios ideológicos".
"Hay que animarse a discutir a fondo el sistema laboral argentino. No se trata de perder derechos, sino de generar oportunidades. No me preocupa que alguien gane más que yo; me preocupa que no haya chances de progresar", sostuvo.
Y concluyó con un mensaje directo: "El desafío es construir un esquema laboral que combine dignidad, productividad y competitividad".
Un poco de historia
El Congreso de la Productividad y el Bienestar Social de 1955 fue un evento realizado entre el 21 y el 31 de marzo en Buenos Aires, convocado por la CGT (Confederación General del Trabajo) y la CGE (Confederación General Económica), bajo el gobierno de Juan Domingo Perón. Su objetivo principal fue mejorar la productividad de la economía nacional y elevar el nivel de vida de los asalariados, siguiendo la filosofía de concertación social y económica entre los sectores del trabajo y el capital propia del peronismo.
Este congreso fue significativo porque concluyó con un Acuerdo Nacional de Productividad que incluía compromisos conjuntos para modernizar las empresas, combatir el ausentismo laboral, hacer un uso racional de la mano de obra, y establecer aumentos salariales directos mediante sistemas incentivados relacionados con la eficacia del trabajo. Además, contemplaba aumentos indirectos derivados de la disminución de los costos de producción.
En el discurso de clausura, Perón destacó la creación de un organismo permanente para la productividad y el bienestar social como una de las decisiones más trascendentes del Congreso, marcando un enfoque en la cooperación económica entre trabajo y capital.
El Congreso fue parte de una estrategia peronista para modificar las relaciones laborales y fortalecer la intervención estatal económica, consolidando un modelo de desarrollo industrial sustentado en la concertación social y la legitimación de esta intervención mediante criterios de productividad.
DIARIO EL ZONDA